HISTORIAS, ANECDOTAS y TESTIMONIOS
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De Gabriela Aguila, historiadora, docente, doctora en Historia por la UNR ( Universidad Nacional de Rosario ), escritora, autora del libro Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976/1983 - Un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictadura, editado por Prometeo Libros, Buenos Aires, 366 páginas, año 2008:
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas inauguraron la que sería la última de las dictaduras militares en la Argentina del siglo XX.
Con el derrocamiento del debilitado gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, se iniciaba el autodenominado " Proceso de Reorganización Nacional ", trágico corolario de una sucesión de regímenes militares que habían jalonado la historia política nacional durante más de 40 años.
El golpe de Estado que derrocó a la viuda de Perón encabezado por el Teniente General Jorge Rafael Videla pareció asimilarse a una de las cíclicas interrupciones al orden constitucional que se verificaban en el país desde 1930. Sin embargo, pronto se hizo evidente que las Fuerzas Armadas se habían fijado objetivos más ambiciosos, asumiendo integralmente el control del Estado con el propósito de reestructurar el ordenamiento económico, social y político vigente en las últimas décadas del siglo XX.
La intensa movilización social que había caracterizado el período previo, la crisis de las instituciones liberal - democráticas y su incapacidad para encauzarla y el agotamiento del modelo económico de matriz populista, sustentaron la pretensión de refundar el orden existente, expresándose en un proyecto que contemplaba la implementación de un nuevo modelo económico que favoreciera a los grupos económicos más concentrados, la reorganización del funcionamiento del Estado, limitando sus aristas interventoras y reguladoras en el plano económico y, en particular, una drástica reducción del fuerte peso que habían adquirido los trabajadores dentro y fuera del ámbito laboral. La dictadura militar buscó asimismo transformar el sistema político, eliminando los mecanismos representativos y restringiendo la centralidad de las organizaciones partidarias y, sobre todo, desactivar y erradicar la intensa movilización social y política, de carácter insurreccional o no, que había denotado el cielo abierto hacia 1969.
Para los militares argentinos que asaltaron el poder en marzo de 1976 la puesta en marcha de un proyecto de transformación estructural como el que postulaban sus ideólogos requería, en primer lugar, del restablecimiento del orden. Este aspecto - asociado en forma predominante al ejercicio del terror social y político - adquiere un carácter sustantivo, en tanto se erigió en requisito tanto como acompañó el despliegue de los objetivos contenidos en el proyecto militar: la reformulación del modelo de acumulación y desarrollo, la resolución de la crisis de dominación burguesa, el establecimiento de un orden político autoritario y estable, el diseño de una sociedad disciplinada, desmovilizada y fragmentada. En este sentido, el ejercicio de la violencia devino consustancial - en tanto condición fundante y preliminar - al proyecto más integral diseñado e implementado por las Fuerzas Armadas.
Esgrimiendo como objetivo central la derrota de la " subversión " - un rótulo utilizado para agrupar a quienes fueron caracterizados como " enemigos " del sistema - y situándose como la encarnación de la " esencia nacional " cuya misión era " curar " a una sociedad en peligro de disgregación, las Fuerzas Armadas desplegaron una vasta estrategia represiva presentándola en el marco de un combate de carácter estrictamente bélico: la intervención militar en la " guerra " contra la " subversión " se erigió en objetivo y, a la vez, en uno de los principales argumentos de legitimación del régimen.
El accionar represivo implementado a partir del golpe de Estado tuvo características específicas: fue diseñado, coordinado y ejecutado por las Fuerzas Armadas y contó con la participación activa de otras fuerzas represivas ( que incluían a los distintos ámbitos policiales, provinciales o federal ), ostentó un carácter fundamentalmente " paralegal ", caracterizado por el accionar de " grupos de tareas " y la existencia de centros clandestinos de detención, incorporó el uso sistemático de la tortura sobre los prisioneros, los secuestros, fusilamientos y desaparición de personas, la apropiación de menores recién nacidos en cautiverio y los delitos comunes. Delimitó como objetivo aniquilar a los militantes de las organizaciones político - militares y sus estructuras de superficie, pero a la vez incluyó una cuota de azar en tanto persiguió - y eventualmente eliminó - personas sin significación política alguna.
El vasto plan represivo se desenvolvió en distintos escenarios y, aunque se ha insistido en su carácter secreto, tuvo una dimensión pública y visible que no debe ser minimizada. Tanto por el hecho de que los operativos se realizaban en las calles, los lugares de trabajo o los domicilios, como el involucramiento en el accionar represivo de un conjunto de personas y ámbitos que desbordaban la acción de las fuerzas militares o policiales: por ejemplo, los hospitales, adonde se trataron a algunos de los detenidos; las morgues, hacia donde se derivaron muchos de los cadáveres hallados en la vía pública e incluso los provenientes de los centros de detención; los cementerios, donde se enterraban los cadáveres sin identificar; las distintas instancias judiciales, donde se presentaban y rechazaban los habeas corpus de los familiares de desaparecidos, se tomaban declaraciones a los detenidos y se tramitaron causas por infracción a las " leyes antisubversivas ".
Las fuerzas represivas " comunicaron " a la población al menos una parte de lo que se estaba realizando, sobre todo a través de los medios de prensa, esforzándose por presentar todas sus acciones en un marco de legalidad. Acicateadas por las denuncias públicas y el repudio internacional que arreciaron hacia 1978, se vieron compelidas a dar explicación de los hechos aberrantes que se les imputaban.
El rostro bifronte del accionar represivo no puede ser separado del accionar de disciplinamiento y terror social implementado por la dictadura militar: a la vez clandestino y público, ilegal y al mismo tiempo inscripto en un marco legal provisto por el Estado militar y sus instituciones, deliberadamente secreto pero no por ello invisible, no sólo se fijó como objetivo desmantelar a las organizaciones armadas o desarticular la movilización social y política que había precedido al golpe de Estado, sino también actuar como un mecanismo ejemplificador sobre el conjunto de la sociedad.
El perfil del " enemigo " que diseñaron las fuerzas represivas incluían a miembros de organizaciones políticas no armadas, delegados sindicales y activistas estudiantiles, familiares y amigos de las víctimas, e intelectuales sindicados como " ideólogos de la subversión ".
Un estudio sobre la represión conlleva la consideración de los actos de brutalidad y barbarie ejecutados por las fuerzas represivas .
La crueldad y las atrocidades a las que se sometió a muchos hombres y mujeres en el curso de los años de dictadura nos colocan frente a la necesidad, cuando exploramos sus comportamientos y vivencias, de evitar en lo posible la vara del juez. Si ésta es, en varios sentidos, una historia de víctimas y verdugos, no es irreductiblemente - cuando nos referimos a los que padecieron la represión - una historias de blancos y negros o que pueda ser leída únicamente en la clave del heroísmo o la traición.
Explicar y comprender son las tareas fundamentales de un historiador, aun cuando nuestros derroteros investigativos nos colocan ante lo monstruoso o lo inhumano. Ante lo incomprensible.
Nota:
El periodista Claudio Rodolfo Negrete, redactor y escritor, autor del interesantísimo libro Necromanía - Historia de una pasión argentina, editorial Sudamericana S.A., 320 páginas, año 2010, expresa que:
En aquellos años 74 y 75, quien transitaba por la Avenida Figueroa Alcorta - antes de la Facultad de Derecho - se topaba con un entusiasta y enorme cartel de la Secretaría de Vivienda y Urbanismo que anunciaba la construcción de un supercementerio nacional con forma de monumento y mausoleo al mismo tiempo. Las obras se paralizaron. Bajo tierra había una gran cantidad de cables de alta tensión, de teléfonos, colectoras cloacales viejas y la base de hormigón del primitivo Monumento a Eva Perón que nunca se realizó.
Después del golpe de Estado de 1976, el proyecto se anuló, se extendió la avenida y parte del espacio de ese parque se usó para construir el nuevo Canal 7, que se llamaría Argentina Televisora Color ( ATC ). En los últimos estertores de la dictadura militar, la necromanía volvió al mismo lugar bajo el proyecto de construir un Monumento a los caídos de la Guerra de las Malvinas. Finalmente, sólo germinó una llamativa y gigante flor de metal plateado que se abre todas las mañanas, cada vez que sale el sol, y se cierra con la luna.
El extenso calvario que padeció el cadáver de Evita cerró su etapa en 1976 cuando la dictadura del general Jorge Rafael Videla decidió desalojarlo de la Quinta de Olivos. El cuerpo de Evita fue llevado a la bóveda de la familia Duarte en el cementerio de la Recoleta. Esta vez, los militares habían aprendido la lección de lo que significaría volver a esconder su cuerpo, maltratarlo o manipularlo, hacerlo desaparecer o intentar destruirlo. El operativo de traslado se hizo con estrictas medidas de seguridad.
Para acondicionar la bóveda se convocó a Luis Pedro Montesano, que la había construído en los años cincuenta. Se la refaccionó y se adoptaron medidas especiales de máxima seguridad. A más de 4 metros de profundidad se construyó un nicho en la pared para ubicar el féretro. Por la claraboya del techo, y con la ayuda de una roldana, se bajaron hasta el segundo subsuelo tres gruesas planchas de acero de 8 milímetros que, como una caja fuerte, contendrían el féretro debajo del altar. Las placas se soldaron en el mismo lugar y, una vez introducido el ataúd, se cerró el frente con llaves de combinación especial. Fue una ceremonia de la que participaron muy pocos. Antes de cerrar el féretro con el cuerpo momificado de Evita, sus hermanas la peinaron con nostalgia, acomodaron su mortaja con emoción y paciencia y, para terminar, permitieron que los obreros del cementerio pudieran verla. Para ellos, que habían vivido aquellos años gloriosos de la Evita amada por los más humildes del país, fue un impacto que nunca olvidarían.
Desde ese momento miles y miles de personas de todo el mundo se acercan a la Recoleta para estar cerca de Evita. Todos los años, el peronismo recuerda el día y la hora de su fallecimiento. Cada 26 de julio, las antorchas se vuelven a encender para recordar su " paso a la inmortalidad ", y los manifestantes recorren las calles de la ciudad reeditando el duelo.
La historia del periplo del cadáver de Evita inspiró al dramaturgo venezolano Gustavo Ott, que estrenó en 2009 una obra musical en el teatro Gala de Washington, Estados Unidos, con el nombre de Momia en el closet ( Mummy in the closet, the return of Eva Perón ). Según el autor, hay muchos musicales sobre Evita viva y por eso " decidimos utilizar la historia de su muerte, el periplo de su cadáver y su entierro con la idea de que se estrene en Caracas y en Buenos Aires ".
Evita y Perón fueron vidas paralelas que juntas se potenciaron y marcaron la historia argentina. Se amaron y lucharon juntos. Ambos funcionaron como una sociedad imbatible. Sus muertes envolvieron al país en el más profundo dolor que se recuerde, con funerales irrepetibles. Y como castigo, sus cuerpos fueron profanados sin piedad alguna.
Para ver imágenes de la cripta de Eva Perón usar el navegador mozilla firefox y clickear, por favor, aquí.
Y para ver imágenes del cementerio de la Recoleta clickee aquí.
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De Silvia Vázquez de Fernández, docente, historiadora, escritora, autora de El mundo, América latina, la Argentina: desde del siglo XIX hasta el presente, editorial Kapelusz, con numerosas ilustraciones y fotografías, 372 páginas, año 1998:
En las elecciones del 24 de febrero de 1946 Juan Domingo Perón fue elegido presidente de la Nación, el primero que llegaba al poder sin fraude electoral desde hacía más de una década. Su segundo mandato presidencial, iniciado en 1951, no llegó a completar debido al golpe militar de 1955.
Perón sumió la presidencia por primera vez el 4 de junio de 1946, tercer aniversario del golpe de 1943. El Partido Laborista había sido disuelto y en su lugar surgía el Partido Unico de la Revolución, que comenzó a llamarse Partido Peronista.
La Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin y nuestro país se encontraba ante una buena circunstancia económica. Durante el conflicto internacional, la Argentina había exportado productos agropecuarios a Europa y esta relación comercial favorable aún se mantenía.
Los augurios de Perón hablaban de una " Nueva Argentina " fundada en:
la justicia social,
la soberanía política,
la independencia económica.
Entre las claves socio - económicas y políticas del gobierno peronista se pueden destacar:
la elevación del nivel de vida de los trabajadores.
el control estatal de la economía y la nacionalización de sus resortes principales.
Perón contaba con recursos económicos para llevar a cabo sus planes con éxito: los saldos favorables que había dejado el comercio con Europa durante la Segunda Guerra Mundial.
Por otra parte, en el programa político general influyó la experiencia de la primera posguerra: había que proteger a la industria de la avalancha de productos importados que pudiera producirse y generar reformas sociales que evitaran conflictos como los ocurridos en 1919.
El gobierno peronista se caracterizó, como sus inmediatos antecesores, por estimular la participación directa del Estado en las cuestiones económicas, modalidad que se venía desarrollando en la mayoría de los países capitalistas a partir de la Depresión de 1930. Desde el Estado se tomó la determinación de emplear las reservas de divisas, obtenidas a partir del comercio durante la guerra mundial, para consolidar el desarrollo industrial iniciado durante la contienda mundial.
El propósito de lograr la independencia económica fue enunciado formalmente por el gobierno en la provincia de Tucumán, durante los festejos del 9 de julio de 1947. Para el logro de esta independencia se necesitaba diversificar la economía: es decir, que no se basara exclusivamente en el modelo agroexportador. En este sentido era necesario fortalecer las actividades industriales. Por otra parte, la independencia económica implicaba depender menos del capital extranjero y nacionalizar los resortes más importantes de la economía, como el sistema bancario y el comercio exterior.
La nacionalización de este último se llevó a cabo con la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio ( IAPI ). Su función consistía en monopolizar el comercio exterior. Su objetivo esencial: redistribuir el ingreso del sector agrícola al industrial.
En relación con las exportaciones, el IAPI fijaba precios de comercialización internos y se reservaba la tarea de vender esa producción en el exterior. Es decir, compraba a los productores nacionales a un precio reducido para vender en el exterior a precios internacionales. La diferencia resultante entre los precios de compra y de venta se dirigía esencialmente al apoyo de la industria y a los gastos del Estado.
En relación con las importaciones, el IAPI actuaba como agente comprador del gobierno. De este modo se establecía una suerte de planificación, ya que definía las prioridades de las compras exteriores; por ejemplo, favorecía la introducción de bienes de equipo necesarios para la industrialización.
Con la creación del IAPI, el gobierno intentaba nacionalizar el comercio exterior.
En un principio el IAPI, favorecido por la situación internacional de los comienzos de la posguerra, con Europa devastada y necesitada de alimentos, obtuvo grandes beneficios. Luego estas condiciones se modificaron y los beneficios disminuyeron, cuando a partir de 1949 bajaron los precios internacionales de los cereales, ante la mayor oferta de los productos norteamericanos. Por otra parte, el funcionamiento del IAPI tuvo un defecto no deseado: la producción agrícola disminuyó al perder el incentivo los productores, pues los importes que se les pagaban apenas cubrían los costos. Desde otra perspectiva, la agricultura se vio perjudicada por el congelamiento de los arrendatarios, pues muchos terratenientes se negaban a renovarlos, con lo cual los productores abandonaban las tierras.
El gobierno peronista consideraba que la planificación económica era esencial para el desarrollo del país y que el Estado debía cumplir un rol fundamental en las transformaciones económicas y sociales. Con esta perspectiva se crearon diferentes organismos, con numerosos especialistas y comisiones dedicados a la realización de estadísticas y censos nacionales. Esta recopilación de datos sobre el país era imprescindible para la intervención del Estado en la economía, lo cual se concretó especialmente a través de los Planes Quinquenales. Los planes económicos y sociales de este tipo habían ganado prestigio en el mundo a fines de la década de 1940. Entre los antecedenetes internacionales más importantes se encontraban los planes quinquenales de la Unión Soviética.
El Primer Plan Quinquenal aplicado en nuestro país no constituía un grupo homogéneo de medidas, sino una serie de proyectos independientes entre sí, con pautas para la orientación del futuro desarrollo nacional.
Entre los objetivos primordiales del Primer Plan Quinquenal se encontraban:
lograr una economía mixta agroindustrial,
ampliar la nacionalización de los servicios públicos,
eliminar la desocupación y mantener el pleno empleo.
La política de nacionalización de servicios públicos implicó la compra por el Estado de los ferrocarriles, las centrales de energía y las comunicaciones telefónicas. A partir de 1946 el peronismo dispuso la creación de más de 30 centrales hidroeléctricas y un oleoducto desde Comodoro Rivadavia, que abastecería las refinerías de La Plata y Buenos Aires. Independientemente del alcance político de estas medidas, en las que se subrayaba el logro de la independencia económica, la nacionalización de los servicios públicos implicaba la posibilidad de otorgar numerosos puestos de trabajo.
Paralelamente, el gobierno lanzó una línea de crédito para la construcción de viviendas y obras públicas. De allí que la imagen del Primer Plan Quinquenal haya quedado relacionada con la construcción, aunque éste era un ingrediente del programa. En 1948 se dio una coyuntura de euforia económica, aumentó la producción industrial y el saldo de balanza de pagos dio positivo.
El ideal de justicia perseguido por el gobierno peronista implicaba dar " a cada uno de acuerdo de acuerdo a sus necesidades ", rechazar los privilegios y la riqueza proveniente de la herencia. A partir de 1948, Perón comenzó a llamar justicialismo al movimiento que encabezaba.
En el camino hacia la justicia social, el gobierno de Perón implementó entre 1946 y 1949 un vasto plan de reformas sociales, que completaban las dictadas desde la Secretaría de Previsión Social. Finalmente los trabajadores podían contar con derechos básicos, entre ellos:
jornadas de trabajo con duración legal;
pensiones y jubilaciones;
vacaciones pagas;
descanso dominical asegurado;
pago de feriados;
indemnización por accidente de trabajo;
mejoras de las condiciones laborales en las fábricas;
reglamentación del trabajo de mujeres y niños;
planes de vivienda;
centros de vacaciones en lugares recreativos;
aguinaldos anuales;
aumentos salariales;
tribunales de trabajo para resolver los conflictos de trabajo;
nuevos hospitales y escuelas.
La elevación del nivel de vida obrero se complementó con otras medidas como el congelamiento de los alquileres, el establecimiento de precios bajos para productos de primera necesidad y las mejoras en la salud pública. También fue creado el Ministerio de Trabajo y se estableció el salario mínimo ( nadie podía percibir un sueldo inferior a éste ).
Las medidas sociales de Perón estaban íntimamente ligadas con sus criterios económicos. Se intentaba apoyar el desarrollo de la industria a través del crecimiento del mercado interno ( es decir, del aumento del poder adquisitivo de la mayoría de la población ). Desde otra perspectiva, las reformas sociales se entendían en el marco de una economía distributiva: repartir los ingresos entre los diferentes grupos de la sociedad, evitando que las riquezas se concentraran en una minoría.
El apoyo principal del gobierno se encontraba especialmente en los sectores populares. Consciente de esta situación, el gobierno procuró estimular este respaldo y a la vez, controlarlo. El Partido peronista contaba con dirigentes incondicionales a Perón. Algo similar sucedió en los sindicatos, donde se impuso la verticalidad ( sistema que da prioridad a lo jerárquico, en detrimento de la horizontalidad como forma de organización y de toma de decisiones ) y predominaron los peronistas. El sindicalismo se convirtió en la columna vertebral del movimiento peronista, alcanzando un lugar muy significativo en la sociedad argentina. La Confederación General del Trabajo ( CGT ) se transformó en una de las instituciones más poderosas del país. La totalidad de sus dirigentes eran seguidores del gobierno. Algunos gremios desarrollaron una compleja organización burocrática, que administraba importantes recursos económicos y amplios sistemas de servicios sociales.
A través de la actividad de la Fundación Eva Perón, creada en 1948, el gobierno obtuvo el apoyo de los sectores humildes no sindicalizados, los ancianos, las amas de casa, los desempleados, los peones rurales. Esta institución satisfacía necesidades tales como máquinas de coser, juguetes, anteojos, camas ortopédicas, ropa y muebles. Las organizaciones del partido comunicaban los pedidos y personalmente la señora de Perón, esposa del presidente de la Nación, atendía a las numerosas personas que concurrían con solicitudes. La tarea asistencial de la Fundación Eva Perón era muy intensa; actuaba también en caso de epidemias, catástrofes, o en cualquier situación de penuria, en el orden nacional o internacional. El gobierno también desarrollaba una serie de acciones en beneficio de la ancianidad.
María Eva Duarte de Perón, Evita, despertó intensas pasiones, favorables y desfavorables. Circulaban dos imágenes antagónicas: para unos era la " dama de la esperanza " y la " abanderada de los humildes " y para otros, la resentida e intolerante " mujer del látigo ". Luego de su temprana y penosa muerte, 26 de julio de 1952, a los 33 años de edad, su figura se convirtió en un mito y un símbolo del movimiento peronista.
Con el gobierno de Perón la sociedad argentina se modificó. Vastos sectores que hasta ese momento habían sido prácticamente marginados de las cuestiones económicas y políticas, mejoraron sustancialmente su nivel de vida. Su participación en la política reflejó el apoyo hacia el principal responsable de esta modificación. Los estratos sociales de menores recursos por primera vez se veían favorecidos por un gobierno nacional. También lo apoyaron a Perón los partidarios del desarrollo de una industria independiente en el país.
No obstante, había quienes se sentían desplazados. Entre ellos, las tradicionales clases medias y altas que consideraban coartadas su posibilidades de expresión.
Si bien el peronismo tuvo una inclinación a " peronizar " a toda la sociedad con componentes autoritarios, representó una corriente democratizadora al extender los derechos políticos y sociales a grupos sociales marginados hasta entonces, como los sectores populares y la mujer, que alcanzó el derecho a votar y a la participación política.
La sociedad también experimentó cambios en su fisonomía, por la presencia de nuevos movimientos migratorios. Desde las provincias, llegaban a instalarse en Buenos Aires y sus alrededores numerosos trabajadores que se empleban en las industrias o en las empresas de servicios públicos. También se produjo una llegada significativa de inmigrantes procedentes de los países vecinos y de países europeos, como España.
Perón concebía a la sociedad como una comunidad organizada, en la que debían existir diferentes organizaciones que nucleasen a los individuos: asociaciones profesionales o culturales, centros de estudiantes, sindicatos. De este modo, la sociedad adquiría un orden que contribuía a evitar los desbordes. El líder fomentaba especialmente la organización de los sectores sociales con escasos recursos económicos.
Perón planteaba una sociedad diferente tanto del comunismo como del capitalismo, en donde predominasen la justicia y la armonía social. En el plano internacional esto se traducía en tomar distancia de los dos bloques de poder formados por Estados Unidos y la Unión soviética en los tiempos de la Guerra Fría, es decir, crear una " tercera posición ". Entre 1947 y 1948, los representantes del gobierno peronista ante las conferencias internacionales se convirtieron en defensores de los intereses de los países menos desarrollados, frente al poder de las grandes potencias.
En 1949 el gobierno peronista encaró una reforma constitucional, que implicó una revisión de la Constitución de 1853.
La reforma constitucional representó desde el punto de vista político una garantía para el modelo peronista, pues posibilitaba la reelección del Presidente de la Nación, la eliminación del Colegio Electoral y la legitimación de la mayoría de las reformas sociales aplicadas desde 1943 con el reconocimiento de los derechos de los trabajadores.
El artículo 40 determinaba la nacionalización del subsuelo, que implicaba la afirmación de la propiedad nacional de recursos naturales, como el petróleo. De acuerdo con el concepto de función social de la propiedad, se le otorgaba al Estado la facultad de expropiar empresas o tierras para garantizar su utilización productiva en beneficio de la sociedad.
El año 1951 fue políticamente conflictivo: se planteaba la reeleción de Perón y la cuestión de quién lo acompañaría en la fórmula. La nominación de su esposa, que había ganado notable espacio político, fue resistida por el Ejército. Eva Perón tuvo que renunciar a ser candidata a la vicepresidencia. Se generó una tensión entre la dirigencia sindical, que apoyaba decididamente esta candidatura y las Fuerzas Armadas.
El Ejército, en general, había respaldado al gobierno peronista. Perón había seguido una política cautelosa, fomentando su crecimiento estructural, el ascenso de cuadros, una retribución salarial en aumento y el mantenimiento del prestigio de la institución.
En 1951, cuando Perón debió ceder ante la impugnación de la candidatura de su esposa, se manifestó una pérdida de su gravitación política.
El 28 de setiembre de 1951, poco después de la renuncia de Evita a la nominación, se produjo un intento de golpe de Estado liderado por el general Benjamín Menéndez. El movimiento sedicioso fue derrotado, pero se convirtió en un aviso del malestar existente en las Fuerzas Armadas.
Pese a estos conflictos, en las elecciones del 11 de noviembre de 1951 Perón se impuso abrumadoramente. Entre las razones de su éxito debe tenerse en cuenta la nueva presencia del electorado femenino, que le otorgó más de un millón de votos.
En febrero de 1952 es desbaratado un complot del coronel José Francisco Suárez que contaba con asesinar a Perón y a su esposa.
Perón comenzó su nuevo mandato presidencial en junio de 1952. Desde 1949 se venían presentando circunstancias inquietantes para el esquema económico del peronismo.
En relación con Europa, la demanda de productos primarios argentinos tendía a disminuir. Desde mediados de 1947 estaba en marcha el Plan Marshall: los norteamericanos abastecían a Europa con cereales propios o de países pertenecientes a la Commonwealth. Paulatinamente disminuían las exportaciones de carne a Gran Bretaña, que pasó de segundo socio comercial en 1947 a ocupar el décimoctavo lugar en 1952. Esto implicaba una trasformación fundamental de un vínculo comercial histórico entre ambos países.
En relación con los Estados Unidos, la relación comercial era muy desfavorable, pues nuestro país compraba mucho más de lo que podía vender. El 50 % de las importaciones nacionales provenían de Norteamérica; en cambio, sólo se podía exportar a ese país lana cruda, carnes enlatadas y quebracho, pues las carnes y cereales argentinos no tenían posibilidades de ingreso.
Las exportaciones de productos industriales argentinos hacia países limítrofes que se habían desarrollado durante la guerra comenzaron a decaer frente a la competencia de los artículos norteamericanos de menor precio. Así, la producción industrial debió erigirse casi en forma exclusiva al mercado interno.
Cuando en 1950 estalló la guerra de Corea, en nuestro país surgió la expectativa de que el conflicto daría réditos económicos a la Argentina, en su calidad de proveedora de productos primarios, como había sucedido en los conflictos mundiales precedentes. Pero la guerra de Corea no dio la solución comercial esperada. Declinaba el rol de " granero del mundo " o productor de bienes agropecuarios del país.
La inflación acentuó los problemas económicos y el costo de vida subió con más rapidez que los salarios.
El gobierno elaboró en consecuencia el Segundo Plan Quinquenal ( 1953 - 1957 ). El proyecto se proponía estimular la producción agrícola e industrial, impulsar las exportaciones y disminuir la inflación. El Plan alcanzó ciertos logros, por un tiempo pudo detener la inflación. En cambio, no tuvo éxito en su intento de alcanzar un aumento sustancial de la producción agrícola e industrial. A mediados de 1955, con el fin de reducir las importaciones de combustibles, se elaboró un acuerdo con la compañía petrolera Standard Oil de California, Estados Unidos, para la explotación de yacimientos petrolíferos argentinos. La negociación con esta empresa dio un argumento a la oposición política, que le imputó al gobierno una entrega de la soberanía y una claudicación de sus banderas de independencia económica.
La industria atravesaba múltiples dificultades, como carencia de renovación tecnológica, reducida eficiencia y dependencia de insumos y energía del exterior. Predominaban las empresas alimentarias y textiles, y en menor medida la metalurgia, el caucho y la petro - química. Se dió impulso al proyecto de SOMISA ( Sociedad Mixta Siderurgia Argentina ) y se intentó iniciar la fabricación de tractores. Se buscaron inversiones extranjeras, firmándose un acuerdo entre la empresa de automóviles Fiat y Fabricaciones Militares para fabricar tractores y automóviles y construir caminos.
Durante este período de dificultades económicas creció la oposición al gobierno peronista. Los opositores reclamaban ante el cercenamiento de las libertades políticas. El gobierno peronista había desarrollado una política de subordinación de las instituciones y organizaciones republicanas al Poder Ejecutivo. Esta modalidad autoritaria se dirigió en el ámbito político hacia los órganos estatales ( Parlamento, Justicia, gobiernos provinciales, etc. ) y en el ámbito social hacia el control de los medios de comunicación y de diferentes agrupaciones políticas y sociales. La crítica al gobierno no era tolerada, la prensa sufría una fuerte censura y los opositores políticos corrían el riesgo de ir a la cárcel; incluso algunos se veían obligados a emprender el camino del exilio. En los medios de comunicación y en el ámbito educativo se extendían las prácticas propagandísticas. El libro La razón de mi vida, la autobiografía de Evita, fue impuesto como libro de lectura obligatoria en las escuelas. Las publicaciones independientes eran hostilizadas con dificultades para conseguir los insumos de papel que debían importarse. En 1951 la expropiación del diario La Prensa fue un episodio que despertó gran irritación.
Para los opositores, la " Argentina peronista " se había transformado en una nación dividida, con una economía quebrada y atenazada por los rasgos autoritarios del régimen. Entre los círculos empresariales, rurales y urbanos, las medidas a favor de los trabajadores se veían como un recorte en sus ganancias o un aumento en los gastos patronales. Los informes de la Bolsa de Comercio, que expresaban la opinión de las fuerzas económicas tradicionales, reclamaban al gobierno eliminar la intervención estatal en la economía, terminar con la fijación de precios máximos de artículos de primera necesidad, liberar las importaciones y las exportaciones, reducir los impuestos a las ganancias, modificar el sistema de las cajas de jubilación. Entre los propietarios rurales se agregaba el malestar por la política del gobierno que había dejado de apoyar las exportaciones agropecuarias para dedicarse a fortificar la industria y el mercado interno. Estos grupos ansiaban que la liberación total de la economía se acompañara con un cambio político, en suma, el reemplazo del gobierno peronista.
Detrás de la crítica realizada por algunos sectores estaba presente el rechazo hacia la democratización social que habían producido las reformas de Perón. Traducían el enojo de los antiguos grupos dominantes que veían con disgusto el avance de los sectores populares en espacios considerados como propios.
Otros factores relevantes que contribuyeron al deterioro del poderío peronista fueron el malestar creciente en las Fuerzas Armadas y el enfrentamiento con la Iglesia Católica.
Hasta 1951 el vínculo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas se había caracterizado por una suerte de acuerdos entre ambas partes: el gobierno atendía las demandas económicas y profesionales de las Fuerzas Armadas a cambio de la renuncia a sus ambiciones de participación política.
Alrededor de 1951 esta situación de equilibrio se modificó. Entre las fuerzas militares surgieron grupos que intentaron tener mayor injerencia en el proceso político, en tanto el gobierno demandaba un apoyo incondicional. Fue creciendo paulatinamente una tensión que tensión que desembocó en septiembre de 1951 en el primer intento de golpe de Estado del general Menéndez. La depresión económica colaboraba también en el disgusto militar, ya que incidía en la disminución de la compra de armamentos y en menores aumento de sueldo.
Las medidas implementadas por el gobierno con el intento de lograr la subordinación de las Fuerzas Armadas estuvieron lejos de conseguir este objetivo. Provocaron en cambio el efecto contrario: se fortalecieron los lazos de solidaridad militar frente al gobierno.
Al aumento de la irritabilidad militar colaboró el rumor que circulaba sobre la posible formación de milicias obreras. Por otra parte, en algunos sectores nacionalistas, las recientes medidas económicas del gobierno que permitían la entrada de capitales extranjeros generaron desagrado ante lo que se entendía como una renuncia a la consigna de independencia económica.
Entre las Fuerzas Armadas la oposición política más intensa estaba representada por la Marina. A pesar de que el contraalmirante Alberto Teisaire ocupó la vicepresidencia luego de la muerte de Hortensio Quijano en 1952, la crítica al gobierno surgió con mayor virulencia en esta Fuerza.
En ocasión de celebrarse las elecciones de febrero de 1946, Perón había contado con el apoyo tácito del catolicismo. Con el correr del tiempo, la relación entre la Iglesia y el gobierno peronista se volvió conflictiva.
Este enfrentamiento se puso de manifiesto a fines de 1954, cuando surgió el Partido Demócrata Cristiano. Desde la óptica peronista, este partido representaba una competencia política preocupante, debido a su avance en sectores sociales que sustentaban al peronismo, como los obreros.
También se puede pensar que las dificultades se originaron en torno a la rivalidad por determinados campos de acción, especialmente la caridad y la educación.
Paulatinamente la Iglesia se transformó en un refugio para los opositores a Perón y luego en el símbolo de la resistencia al gobierno.
El gobierno peronista tomó una serie de medidas irritantes para el sector eclesiástico, entre ellas:
eliminación de la enseñanza religiosa en las escuelas, instaurada durante el gobierno del general Pedro Pablo Ramírez;
prohibición de las procesiones;
elaboración de un proyecto de reforma constitucional que separaba la Iglesia del Estado. También se preveía la implementación del divorcio.
El gobierno peronista fue considerado como " anticatólico " y las agrupaciones laicas se movilizaron en defensa de las instituciones religiosas.
El 16 de junio de 1955, fuerzas de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno, provocando la muerte de cientos de personas.
El 31 de agosto se produjo una violenta declaración del gobierno: en un discurso, Perón afirmó que " por cada muerto peronista habrá cinco de la oposición ". Una muchedumbre incendió varias iglesias católicas. El gobierno no estableció el Estado de sitio y circularon rumores de que se estaban organizando milicias obreras en defensa del gobierno.
Es probable que estos acontecimientos decidieran a las Fuerzas Armadas a intervenir. La Marina y el Ejército se vincularon para hacer efectivo el movimiento contra el gobierno.
El 16 de septiembre de 1955 tuvo lugar el levantamiento militar. El foco más importante se encontraba en Córdoba, bajo el liderazgo del general Eduardo Lonardi. En Buenos Aires la Marina, amenazó con bombardeos y con el bloqueo del Río de la Plata.
Perón decidió evitar la lucha y el derramamiento de sangre, el 19 de septiembre de 1955 presentó un renunciamiento; se refugió en una cañonera paraguaya anclada en el puerto de Buenos Aires y abandonó la escena política.
Luego de un exilio de 18 años, Juan Domingo Perón regresaría a la Argentina, siendo elegido democráticamente presidente de la Nación el 23 de septiembre de 1973 para el período 1973 - 1979, que no pudo completar a causa de su fallecimiento, a los 78 años de edad, el 1º de julio de 1974.
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Del Dr. Norberto Padilla, abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, escritor, autor del capítulo titulado La Iglesia Católica ( 1961 - 1983 ), en Nueva Historia de Nación Argentina, Academia Nacional de la Historia, tomo VIII, editorial Planeta S.A.I.C., Buenos Aires, 586 páginas, con numerosas ilustraciones y fotografías, año 2001:
El 1° de julio de 1974 falleció el general Juan Domingo Perón, presidente de la Nación. Su viuda y sucesora encomendó al cardenal Antonio Caggiano, todavía arzobispo de Buenos Aires, presidir la misa exequial y pronunciar la homilía en una jornada en que parecían haberse depuesto los antagonismos.
El nuevo nuncio apostólico, monseñor Pío Laghi, que llegó al país el día del fallecimiento del general Perón, debió poner un plazo perentorio para que el Gobierno aceptase que monseñor Juan Carlos Aramburu asumiese en plenitud la arquidiócesis primada.
Para noviembre de 1974, coincidente con el Año Santo que Pablo VI quiso se viviera en la diócesis como anticipo del de 1975 en Roma, el Episcopado lanzó un angustioso llamado a la reconciliación. Los problemas que enunciaba el documento comenzaban por " la llamada guerrilla, los secuestros y otras violencias de diversos signos, que han de ser condenados en todos los casos ". ]
El dramático año 1975, en que el país era conducido erráticamente por María Estela Martínez de Perón, fue testigo de la subida de una violencia tremenda. Los obispos hicieron oír su voz.
Una escalada de violencia, con el Ejército actuando desde febrero de 1975 en Tucumán, junto con el acelerado deterioro del gobierno de la viuda de Perón, precedieron una nueva ruptura institucional.
No hay documentos oficiales del Episcopado en los comienzos de 1976 sobre la situación nacional, salvo un comunicado acerca del asesinato de un sacerdote, que se une así " a esta triste caravana de víctimas ". No faltaron, sin embargo, voces individuales, como la de monseñor Victorio Bonamín, el previcario castrense, ques se caracterizaba por las arengas de tono inflamado, en las que era más que evidente la invitación a que las Fuerzas Armadas tomaran el poder como salvadores de la República.
La toma del poder por las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976 plantea, para quien analiza la actuación de la Iglesia en ese período grandes dificultades. Ante todo, porque la proximidad de los hechos y las heridas aún abiertas en la sociedad hacen que cualquier juicio pueda sonar parcial, injusto o complaciente. Lo cual podría ser aplicado a la sociedad en su conjunto, en la que la Iglesia está encarnada.
No puede dejar de tenerse en cuenta que en la espiral de violencia que el país conocía, sacerdotes y laicos habían justificado el uso de las armas, e incluso las utilizaron. Desde uno y otro extremo, se había alentado a jóvenes entusiastas a un compromiso en el que la violencia no estaba descartada. Y esto no dejó de esgrimirse para echar un manto de sospecha sobre el que reclamase y denunciase.
Por otra parte, una neta posición de ruptura con el régimen militar no sólo no hubiera tenido consenso entre los obispos sino que hubiese sido rechazada por buena parte de la sociedad que, hasta el advenimiento de la democracia, no se mostró proclive a admitir que existió una metodología condenable de lucha contra la subversión porque, al fin y al cabo, según un eslogan de éxito, " los argentinos somos derechos y humanos ".
Cierto es que el Episcopado no calló. Comparativamente con otros sectores de la vida política, económica y cultural, sus pronunciamientos fueron numerosos y claros. Quizá quedaron en eso, en pronunciamientos, relativizados a veces por miembros individuales de jerarquía, algo perdidos los conceptos en un lenguaje cuidadoso. Faltaron gestos que hicieran visibles las palabras. Pero no faltaron gestiones, muchas infructuosas, dentro de un concepto de que era mejor mantener abiertos los canales de comunicación. De todas maneras, lamentablemente, desde algunos púlpitos se escucharon apologías y justificaciones.
El 15 de mayo de 1976, la asamblea del Episcopado se pronuncia por primera vez sobre los sucesos de marzo. No hay ninguna reprobación del golpe mismo, pero se deja en claro que aunque varíe, según el momento, la forma de vivir los derechos humanos, " hay hechos que son más que error, son pecado ". Entre estos, " el asesinar con secuestro previo o sin él ". Luego dice que no puede pretenderse " que los organismos de seguridad actuaran con pureza química de tiempos de paz, mientras corre sangre cada día " y que serían errores las detenciones demasiadas prolongadas y el confundir con la subversión a los que trabajan por los pobres. El documento, redactado por el arzobispo de Santa Fe y los obispos Antonio Quarracino y Juan Iriarte, era también la presentación de una renovada cúpula episcopal: monseñor Adolfo Tortolo era reemplazado por el cardenal Raúl Primatesta, y una de las vicepresidencias era ocupada por monseñor Vicente Zaspe; en la otra continuaba monseñor Juan Carlos Aramburu, creado cardenal en el consistorio de ese año.
El 4 de julio de 1976, el país se enteraba atónito de la masacre ocurrida en la parroquia de San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano. Tres sacerdotes ( los padres Pedro Duffau, Alfredo Kelly y Alfredo Leaden ) y dos seminaristas ( Salvador Barbeito y Emilio Barletti ), cuatro de nacionalidad argentina y un español, todos palotinos, habían sido fusilados en la noche. Rápidamente se comprendió que las balas provenían de fuerzas de represión. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, en carta a la Junta Militar, se refirió al " incalificable asesinato ". Las palabras siguientes eran una cruda, aunque prudente, descripción de una realidad que muchos desconocían, pese a noticias periodísticas aparecidas en algunos medios, acerca de las desapariciones y de otras muertes no esclarecidas.
Una semana más tarde, el sacerdote Gabriel Longueville y el fraile franciscano Carlos de Dios Murias eran asesinados a balazos cerca de El Chamical, en la provincia de La Rioja. Cuando el 4 de agosto siguiente, regresaba de una misa celebrada allí por ellos, monseñor Enrique Angelelli, el obispo diocesano, murió al volcar la camioneta que conducía. Aunque al principio se suscitaron sospechas sobre si fue provocado o incluso si la víctima fue rematada en el pavimento, por la falta de certeza no hubo ninguna reacción pública del Episcopado ni del Nuncio Apostólico, que realizó una averiguación en el lugar. Incluso, una primera información del L´Osservatore Romano de que se había tratado de un homicidio, fue luego rectificada.
La detención de varios sacerdotes, la desaparición de dos religiosas francesas ( Léonie Reneé Duquet y Alice Domon ) y de otras personas de actuación en la Iglesia tampoco se esclarecieron. El Episcopado se dirigió alternativamente al presidente de facto de la Nación, el general Jorge Rafael Videla y a la Junta Militar. Lo hizo el 17 de marzo de 1977, en un extenso documento sobre desaparecidos y presos a disposición del Poder Ejecutivo.
Menos de dos meses más tarde, en una "reflexión cristiana para el pueblo de la patria ", volvía sobre las denuncias de desapariciones, los secuestros realizados por grupos autoidentificados como de seguridad, las torturas y las largas detenciones.
El 14 de marzo de 1978, el cardenal Raúl Primatesta dirigió una carta al general Videla sobre las personas desaparecidas y sobre los sacerdotes presos y la comisión permanente daba una declaración a fin de 1979. A estos pronunciamientos públicos se unieron las gestiones que los obispos - a través de monseñor Justo Laguna y monseñor Carlos Galán, secretario del Episcopado - realizaron ante las autoridades militares, de lo que quedó constancia en forma de actas y " promemorias ".
Asimismo, donde se habían producido los hechos de detenciones o secuestros, mediaron en muchos casos conversaciones y pedidos, sin llegar a la ruptura del diálogo. Posiblemente jamás pueda evaluarse la extensión y la eficacia de estas actitudes. Monseñor Carmelo Giaquinta ha resumido la estrategia episcopal: " denunciar cada tanto en público y dialogar todo lo que se pueda en privado ". El Nuncio Apostólico fue muy a menudo receptor de los angustiosos pedidos de las familias y realizó ante los militares gestiones, varias de ellas, exitosas.
Mientras la Argentina se debatía en la " guerra sucia ", un año de profundo cambio para la Iglesia se configuraba en 1978. Tras quince años de pontificado, sumamente apenado por la muerte del Primer Ministro de Italia Aldo Moro en manos de las Brigadas Rojas, fallecía Pablo VI el 6 de agosto. Tres cardenales argentinos, de los cuales uno era insistentemente mencionado como " papable " ( Eduardo Pironio ), participaron del cóncable en que fue elegido Juan Pablo I, el cardenal Albino Luciani, para cuya misa inaugural viajó a Roma el general Videla. El cónclave se repetiría ante su inesperado deceso, tras treinta y tres días de pontificado. Esta vez quien asumía el ministerio de Supremo Pastor era un hombre joven " venido de lejos ", Karol Wojtyla, arzobispo de Cracovia, Polonia.
El pontificado que se iniaba marcó la historia de la Iglesia y del mundo. Para la Argentina, la arrolladora figura del papa polaco tuvo decisiva importancia para salvarla de una confrontación bélica con Chile por el canal de Beagle. Al nuncio Pío Laghi le cupo una intervención decisiva para que la Santa Sede consistiese en asumir una tarea llena de riesgos. En la Navidad de 1978, el enviado papal, cardenal Antonio Samoré, cruzó una y otra vez la cordillera hasta que apareció " una pequeña luz de esperanza ". El proceso de mediación de Juan Pablo II estuvo presente en las preocupaciones episcopales, reflejadas, por ejemplo, en la exhortación conjunta con el presidente del Episcopado chileno del 3 de mayo de 1980. La oración por la paz y el éxito de la mediación estuvo presente en el Congreso Mariano de Mendoza, al que asistió el presidente Videla.
Al tiempo que se daban los pasos en el proceso de paz con Chile, Juan Pablo II realizaba su primer y triunfal viaje al exterior. El 28 de enero de 1979, inauguraba la III Asamblea General del Episcopado Latinoamericano, cuyo documento final tomó el nombre de la ciudad mexicana de Puebla, donde tuvieron lugar las deliberaciones.
La palabra del Papa marcó decisivamente el encuentro, en lo que constituyó un discurso programático para su propio pontificado: la obligación de anunciar la triple verdad sobre Jesucristo, la Iglesia y el hombre. La afirmación " Dios es familia " recogía e impulsaba la reflexión sobre el modelo divino para recomponer las relaciones interpersonales.
Así como Medellín había significado la aplicación del Vaticano II en América Latina, Puebla fue la recepción de la encíclica Evangelii Nutiandi de Pablo VI ( 1975 ). La enseñanza de Juan Pablo II se expresaba sobre el sólido tejido de esa gran encíclica, fruto a su vez del Sínodo de 1974 sobre la evangelización.
Juan Pablo II se refirió a ciertas " relecturas " que hacían de Jesús " el subversivo de Nazaret", reclamó una eclesiología bien cimentada y señaló que la verdad completa sobre el hombre constituye " el fundamento de la enseñanza social de la Iglesia, así como la base de la verdadera liberación. Gaudium et Spes, nº 22, fue el pasaje emblemático en su defensa de la vocación y dignidad del ser humano. Para que nadie se llamase a engaño de que el compromiso social no sólo se mantendría sino que se robustecería, Juan Pablo II no dudó en referirse a la propiedad privada sobre la que " grava una hipoteca social ".
El documento de Puebla sobre " la evangelización en el presente y el futuro de América Latina " es de una vastedad incomparable respecto del de Medellín. Consiguientemente, no se corrió el riesgo de reduccionismos. Puede decirse que ciertas tensiones quedaron superadas y otras dimensiones definitivamente redescubiertas, como la de la religiosidad popular, considerada no solamente " objeto de evangelización " sino " una forma activa con la que el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo ". Tanto en este tema como en el de la evangelización de la cultura, fue decisivo el aporte de los teólogos argentinos, en especial monseñor Estanislao Karlic y el presbítero Lucio Gera, y serían ejes de la reflexión del período siguiente.
La delegación episcopal que participó de la asamblea de Puebla estuvo constituida por dieciocho obispos titulares, además de los dos cardenales - Quarracino, Laguna, Bozzoli, López, Di Stefano, Karlic, Espósito, Zaspe, Derisi, Rossi, Conrero, Iriarte, Marengo, Tortolo, García y Bianchi di Carcano -, y cuatro suplentes - Collino, Rubiolo, Casaretto y Medina -.
Aprobado por Juan Pablo II, el Documento de Puebla fue presentado el 5 de mayo de 1979 por el Episcopado, que subrayaba que debía leerse y apreciarse " en su totalidad ". Resaltaba la clarificación doctrinal, el sentido de una evangelización liberadora y las tareas prioritarias: familia, vocaciones y juventud, más el tema de la justicia y de la opción preferencial, no excluyente, por los pobres, como dimensiones que Puebla asume y agrega como " telón de fondo ".
El reclamo por los derechos humanos estuvo presente en las entrevistas con las autoridades hasta el final del proceso militar. El 25 de junio de 1980, por ejemplo, varios obispos reunidos con el general Videla consideraban inaceptable lo que el gobierno militar obtenía, de muchos sectores de la sociedad, la aprobación de " todo lo actuado " en la lucha contra la subversión. El mismo concepto de " seguridad nacional " fue confrontado siguiendo el Documento de Puebla, que la había colocado entre las visiones inadecuadas del hombre en América Latina. " Preocupación constante " y " viva preocupación " son los términos utilizados en las sucesivas reuniones al referirse los obispos a los presos y desaparecidos.
El 13 de octubre de 1980 se anunciaba que Adolfo Pérez Esquivel, un nombre desconocido para el gran público, recibía el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos humanos. El desconcierto en medios católicos fue evidente, y la jerarquía dejó en claro que el Servicio de Paz y Justicia del premiado nada tenía que ver con la Comisión de Justicia y Paz, organismo del Episcopado. Sólo monseñor Justo Oscar Laguna, obispo auxiliar de San Isidro, reconoció en Pérez Esquivel un laico activo de su diócesis.
El 12 de diciembre de 1980, sobre el final de la presidencia de facto del general Jorge Rafael Videla, el papa Juan Pablo II entregó a los cancilleres de Argentina y Chile la propuesta de paz. La propuesta distó de tener buena acogida en círculos militares y en algunos de los civiles. En su comunicado del 25 de marzo de 1981, el Episcopado no abría " un juicio objetivo sobre el contenido de la propuesta ", que debía ser estudiada. Pero no dejaba de deplorar y rechazar enérgicamente las expresiones hirientes contra el Papa, los obispos y toda la Iglesia que se hacían públicas con tal motivo.
El año 1981, un año de convulsiones económicas y de inestabilidad del débil gobierno del general Roberto Eduardo Viola, vio nacer el documento que unánimemente se considera uno de los más perfectos y trascendentes de toda la enseñanza de los obispos argentinos, Iglesia y Comunidad Nacional, publicado el 8 de mayo.
Considerado como uno de los documentos más importantes del Episcopado Argentino, se plasmó en la Comisión Episcopal de Teología que presidía monseñor Justo Oscar Laguna, en la que se destacó el aporte de monseñor Estanislao Karlic, con la ayuda de los peritos teólogos Lucio Gera y Gerardo Farrell.
El documento es una reflexión a partir de la historia del pueblo argentino y de su realidad. Dentro de ésta se hace mención de " la situación angustiosa de los familiares de los desaparecidos " y de la " represión ilegítima que también enlutó a la patria ".
Los obispos hacían carne el creciente anhelo de un retorno a la democracia, palabra que definitivamente quedaba incorporada y asumida, reconociéndose los principios de la Constitución sobre la división de poderes y la periodicidad de los mandatos y el papel necesario de los partidos políticos. La sana autonomía y la cooperación entre Iglesia y Estado, la economía al servicio de la persona, y muchos otros aspectos son desarrollados y seguidos de orientaciones para la acción. La reconciliación, para cuyo servicio los obispos se sienten especialmente llamados, no es un " apaciguamiento sentimental de los ánimos; de un superficial y transitorio acuerdo ", sino que debe basarse en la verdad, en la justicia, pero incluso superando a ésta, en la solidaridad y el amor.
Durante el mismo año, los obispos instaron a orar por la feliz conclusión de la paz con Chile y participaron de la primera reunión de la Multipartidaria, canalizando futuros contactos a través de la Comisión de Pastoral Social.
El 2 de abril de 1982, fuerzas argentinas desembarcaron en Puerto Stanley, islas Malvinas. El Episcopado afirmó el derecho sobre las islas pero clamó por la paz a ganarse " en la mesa de las negociaciones ", como rezó la exhortación del 20 de abril.
Juan Pablo II hizo apremiantes exhortaciones a la paz y convocó a los cardenales de Gran Bretaña y de la Argentina a concelebrar con él en la Basilica de San Pedro. Dijo entonces: " la paz es posible, la paz es un deber imperioso ". La programada visita del Papa a Inglaterra, Escocia y Gales, la primera desde la ruptura de Enrique VIII, era impostergable, pero suscitaba asombro y malestar en el sensibilizado ambiente argentino. Una carta papal del 25 de mayo, dirigida a los argentinos y escrita " por mi propia mano ", anticipaba la posibilidad de un breve viaje para orar por la paz en el Santuario de Luján.
El 11 de junio de 1982, el Papa Juan Pablo II besaba suelo argentino.
Centenares de miles se volcaron a las calles para recibir al " mensajero de la paz ", comprendiendo que recibían a " un padre que va al encuentro de los hijos que sufren. La Junta Militar - integrada por el presidente de facto de la Nación, general Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Jorge Anaya y el brigadier Basilio Lami Dozo - lo recibió en la Casa Rosada, desde cuyo balcón bendijo a la multitud. Medio millón de fieles, entre ellos muchos jóvenes, se congregaron bajo la torrencial lluvia en la explanada de la Basílica de Luján. El día 12, el Monumento de los Españoles fue el epicentro de otra concentración sin precedentes. Se escucharon los gritos de " Queremos la paz ", y el Papa invitó a los jóvenes a formar con sus manos una cadena más fuerte que las de la guerra.
Mientras el régimen militar se dirigía rápidamente a su fin, los mensajes de la Comisión Ejecutiva se sucedieron con un pedido de unidad nacional y la reconciliación. En " Camino a la reconciliación ", del 20 de agosto, se hizo eco de la decisión del gobierno del presidente de facto de la Nación general Reynaldo Benito Bignone de una pronta salida democrática, con un inequívoco compromiso con las instituciones republicanas. La situación de las familias de los desaparecidos volvió a recordarse en ese documento y más extensamente en un resumen de la actuación a todo lo largo del proceso militar y en una nota dirigida al presidente Bignone el 29 de octubre. Respondiendo a la carta de éste, en que se intentaba justificar la forma en que se combatió la subversión, el cardenal Juan Carlos Aramburu rechazó la teoría de que el fin justifica los medios, " cuya enunciación es inaceptable para el cristiano ".
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Del Dr. Héctor Benjamín Petrocelli, abogado, docente y escritor, autor del libro Historia Constitucional Argentina, Tomo II, editorial Keynes Universitaria, Rosario, 272 páginas, año 1993:
Desde el comienzo del gobierno del general Jorge Rafael Videla, la Armada encabezaba una postura agresiva frente al tema Malvinas. Desplazado el general Roberto Viola, el general Leopoldo Fortunato Galtieri continuó con tal actitud. Suplantada en Estados Unidos la administración de Jimmy Carter por la de Ronald Reagan, éste mostró una posición mucho más dura en cuanto a la represión de la guerrilla, que efectuaban diversos países latinoamericanos, los que recibieron el apoyo del nuevo presidente estadounidense. La colaboración argentina con Honduras, El Salvador, Guatemala y los " contras " nicaragüenses en lucha contra el sandinismo, despertaron en Reagan su simpatía por ese apuntalamiento nuestro a las contiendas antisubversivas que llevaban a cabo esos países hermanos. Esto hizo presumir al general Galtieri, entre otros antecedentes, que Estados Unidos permanecería neutral si llegase a ocupar las Islas Malvinas.
En febrero de 1982, Argentina concurría a New York en pos de nuevas tratativas con Inglaterra, instando a agilizar las negociaciones y requiriendo una reunión por mes a tales efectos, además de la fijación del plazo de un año para agotar el diálogo y resolver la disputa. Nuestra contendiente continuó en la senda de las dilaciones y las vaguedades.
El 11 de marzo de ese año 1982, trabajadores argentinos, acompañados por efectivos de la Armada, viajaron a las Islas Georgias del Sur, también ocupadas por los ingleses, a fin de desmantelar una factoría ballenera sita allí, de acuerdo con el contrato celebrado por la empresa que los había enviado. Pero llegados a su destino, los obreros izaron una bandera argentina, cosa que científicos británicos denunciaron junto con la noticia que algunos de los llegados portaban armas. Gran Bretaña envió un buque de guerra para desalojarlos, mientras Argentina hacía lo propio con un navío de transporte y dos corbetas misilísticas por razón opuesta.
El 2 de abril fuerzas armadas argentinas tomaron las Malvinas designándose gobernador al general Mario Benjamín Menéndez y cambiándole el nombre a la capital, Puerto Stanley, por el de Puerto Argentino, cuidándose nuestras tropas de no producir ninguna baja entre los británicos.
Gran Bretaña logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por 10 votos a favor ( Gran Bertaña, Estados Unidos, Japón, Francia, Irlanda, Togo, Jordania, Uganda, Guyana y Zaire ), 4 abstenciones ( Unión Soviética, China, Polonia y España ) y 1 voto en contra ( Panamá ), ordenara mediante la resolución nº 502 el inmediato cese de las hostilidades y el retiro de las fuerzas argentinas de las Islas.
El presidente estadounidense Ronald Reagan envió a su secretario de Estado, Alexander Haig, como mediador. Previo paso por Londres, donde la primer ministro Margaret Thatcher, le señaló que la única alternativa que se aceptaba era el cumplimiento por parte de la Argentina de la resolución nº 502, Haig arribó a Buenos Aires el 10 de abril y ulteriormente viajó otra vez a Londres. Luego, Estados Unidos propuso un arreglo sobre la base de la evacuación de las tropas argentinas, un retroceso de la escuadra de guerra británica que se estaba dirigiendo hacia las Islas, el establecimiento de un gobierno tripartito de Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina en el territorio objeto del conflicto, la negociación de las dos partes involucradas con la asistencia norteamericana, y un referéndum entre los habitantes de las Islas para escrutar sus preferencias, pero las tratativas con Haig respecto a la aceptación por nuestro país de esas bases, fracasaron.
El 28 de abril, la O.E.A., por 17 votos a favor y 4 abstenciones ( Chile, Colombia, Trinidad Tobago y Estados Unidos ), urgió a las partes en conflicto a mantener la paz " teniendo en cuenta los derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas así como los intereses de sus pobladores ".
A pesar de la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ( TIAR ), que recomendaba a los países miembros de la O.E.A., entre los que se encontraba Estados Unidos, acudir en auxilio de algún país americano atacado, el 30 de abril esta potencia acusó a Argentina de ser la agresora, abandonó su posición de " neutralidad ", y además de preconizar sanciones económicas contra la Argentina, proporcionó información satelitaria y armamentos a Gran Bretaña.
El 1º de mayo comenzó el bombardeo inglés sobre las Islas, y los combates en sus tierras, cuando fuerzas enemigas ya habían tomado las Georgias.
Fue entonces que el presidente peruano, Fernando Belaúnde Terry ofreció su mediación sobre la base del cese de hostilidades, gobierno interino de las Islas por potencias neutrales hasta que la cuestión soberanía quedara zanjada, y reconocimiento de ambas partes que los puntos de vista e intereses de los habitantes isleños, habrían de ser tenidos en cuenta por las partes. En momentos en que la Junta Militar estudiaba este documento, se tuvo conocimiento que el submarino nuclear inglés " Conqueror " había hundido al crucero argentino " General Belgrano " fuera de la zona de exclusión, determinada por el propio Reino Unido alrededor del archipiélago, con su tripulación a bordo, más de 1.000 marinos, resultando muertos 323 de ellos. El acercamiento intentado por el Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, fracasó. A pesar de la fe, el patriotismo heroico y eficiencia profesional de los aviadores argentinos que hicieron cosas notables, terminó imponiéndose la aplastante superioridad técnica británica.
La conducción de la guerra fue deplorable, llena de improvisaciones e imprevisones. La rendición se produjo el 14 de junio.
La guerra de las Malvinas conmovió fuertemente a la comunidad nacional. La decepción ante la derrota hirió de pleno a la sensibilidad de los argentinos. El general Galtieri, la Junta Militar y el ministro de Relaciones Exteriores, Nicanor Costa Méndez, fueron responsables del desgraciado episodio; es ésta la opinión autorizada del teniente general Benjamín Rattenbach, quien actuó como miembro de una comisión militar que produjo un informe sobre las causas de la frustración. El experimentado militar centró esos motivos en dos: falsa evalución diplomática y fallas en la estrategia y táctica militares. Posteriormente, los tres miembros de la Junta Militar, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo, fueron condenados a 12, 14 y 8 años de prisión mayor por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. En todo el decurso de los acontecimientos, las actitudes y la conducta del almirante Anaya, especialmente, fueron de una soberbia tan torpe como ciega. No deben tampoco salvarse del duro dicterio algunos líderes políticos civiles, que intentaron en algún momento del conflicto, sacar pecho y réditos de su demagogia contumaz.
Pensar, como se elucubró, que tanto Estados Unidos como los países poderosos de Europa, miembros de la O.T.A.N. junto con Gran Bretaña, iban a permanecer neutrales en una guerra por las Malvinas, fue una utopía grosera, una puerilidad inconcebible.
Desafiar a Gran Bretaña, sin un despliegue técnico militar parejo con el que ella detentaba con sus potencias aliadas, nos parece un desatino de lo más burdo. La mejor de las causas fundada en la más meridiana justicia, corre el riego de perderse o empeorarse si no se usa la virtud moderadora de las demás virtudes: la prudencia.
Una guerra, además no es enteramente justa, aunque se trate de recuperar el objeto de una usurpación territorial, si no existen posibilidades concretas de éxito. La causa remota que la generó, fue un acto de lesa temeridad, de irreflexión supina de la Junta Militar y de su ministro de Relaciones Exteriores, que bien deberían haber sabido la trayectoria internacional y moral del país con el que pretendían medir fuerzas. Llevar a los jóvenes a la muerte irresponsablemente, imbuídos los líderes solamente de un exultante triunfalismo alelado o, en el peor de los casos, ensayando revertir el azar político, nos parece una ligereza insensata rayana en lo antiético e irracional. Centenares de jóvenes patriotas argentinos, yacentes en aquellos fríos desiertos, son acreedores a nuestra veneración más sentida y a nuestro recuerdo permanente.
La derrota de la Guerra de las Malvinas provocó no solamente la renuncia del presidente de facto general Galtieri, sino el fin del " Proceso " ( 1976 - 1983 ). La Armada y la Fuerza Aérea se retiraron de la Junta Militar, y el nuevo comandante en jefe del Ejército, general Cristino Nicolaides, designó presidente de la Nación a su colega el general retirado Reynaldo Benito Bignone. La única misión de éste fue organizar de alguna manera el operativo de retorno a la vigencia de las instituciones previstas por la Constitución Nacional.
Como primera medida, el 26 de agosto de 1982, el Ejecutivo dicto la ley orgánica de los partidos políticos nº 22.627. A éstos les cabía excluyentemente proponer candidatos para funciones públicas electivas. Eran condiciones para aceptar su personería, ostentar principios que fijaran metas tendientes al logro del bien común, con respeto de las normas democráticas y del texto de la Constitución Nacional. Se les exigía ese acatamiento comenzando por protagonizar elecciones internas correctas para la nominación de autoridades partidarias y candidatos a cargos públicos. Para ser reconocido como partido político nacional, deberían obtener personería jurídico - política en cinco distritos y un total de afiliados en toda la República de por lo menos el dos por mil de todos los inscriptos en el Registro Nacional de Electores. Se admitía que efectuaran coaliciones esporádicas para determinada elección. Se les aseguraba derecho a un nombre que no debía hacer alusión a personas físicas y que debía diferenciarse del asignado a las agrupaciones ya reconocidas. Quedaban excluidas aquellas corrientes negadoras de los derechos humanos, o que pretendieran sustituir nuestro régimen democrático de gobierno, o que preconizaran el uso de la violencia, o la instauración de una administración puramente personal. Cada partido debía poseer organismos deliberativos, ejecutivos, de control y disciplinarios, y la duración del mandato en todos y cada uno de esos cargos no podía sobrepasar los cuatro años. Se establecía un Fondo Partidario Permanente a fin de apoyar económicamente a las organizaciones partidarias, siempre y cuando ellas alcanzaran el tres por ciento de los votos válidos totales emitidos en la última elección de que se tratare.
Respecto de los partidos actuantes, la Unión Cívica Radical había sido liderada por Ricardo Balbín hasta su muerte en septiembre de 1981. Surgió con fuerza como cabeza de la fracción interna el Movimiento de Renovación y Cambio, Raúl Ricardo Alfonsín, enfrentada con la corriente Línea Nacional, en que la divergían Juan Carlos Pugliese y Fernando de la Rúa. En las elecciones internas de julio de 1983 para nominar fórmula presidencial, el binomio Raúl Alfonsín - Víctor Martínez se impuso en forma neta a las candidaturas de Fernando de la Rúa y Carlos Perette de Línea Nacional.
El otro gran partido, el Justicialismo, presentaba un mosaico de opciones programáticas: el verticalismo o línea ortodoxa o histórica, corriente en la que militaron hombres más o menos fieles a la viuda de Perón, y los antiverticalistas, opuestos a ese presunto liderazgo. Se detectaba asimismo una vertiente ultraverticalista, estrechamente ligada a María Estela Martínez de Perón. Se candidatearon para la presidencia de la República Angel Federico Robledo, Raúl Matera, Vicente Leónidas Saadi, Antonio Cafiero, Italo Argentino Luder. Después de muchas idas y venidas, el Congreso Nacional Partidario, recién en septiembre de 1983, casi en vísperas de los comicios, se decidió por el último, María Estela Martínez de Perón quedó elegida presidenta del partido.
Otras fuerzas, pero menores eran el partido Intransigente, bajo la conducción de Oscar Alende. El M.I.D ( Movimiento de Integración y Desarrollo ), cuyas principales figuras eran Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, sufrió el desmembramiento de un sector importante disconforme con el planteo económico que consideraban demasiado doctrinario de Rogelio Frigerio; esa fracción disidente ingresó a la U.C.R. ( Unión Cívica Radical ). Frigerio fue candidato a presidente por el M.I.D. Los conservadores de algunas provincias, y el partido Federal de Francisco Manrique confluyeron en una Alianza Federal que proclamó a Manrique como su postulante a la primera magistratura. En junio de 1983 vio la luz una de las tantas fracciones que liderara en las últimas décadas Alvaro Alsogaray, la Unión del Centro Democrático, de tendencia liberal - conservadora. El socialismo aparecía dividido, como parece ser su destino: el Partido Socialista Popular orientado por Guillermo Estévez Boero, del que se desprendieron grupos menores, y el partido Socialista Democrático que, aliado a la democracia progresista, generaron la fórmula presidencial Rafael Martínez Raymonda - René Balestra. Hubo también expresiones de izquierda de irrelevante significación: el partido Obrero, de tendencia trotskista; el Movimiento al Socialismo ( M.A.S.), con el inexorable Luis Zamora al frente; el Frente de Izquierda Popular de Jorge Abelardo Ramos; el partido de Izquierda Popular de Jorge Spilimbergo; y el partido Comunista que apoyó la fórmula justicialista Luder - Deolindo Bittel. Por su parte el partido Demócrata Cristiano, escindido en partido Popular Cristiano y partido Revolucionario Cristiano, logró unificarse nominando a Francisco Cerro como candidato presidencial.
En el tiempo previo a las elecciones, las corrientes políticas se expresaron a través de una Carta Democrática tendiente a defender el marco constitucional, para lo cual proponían, de cara al futuro, la vigencia de las instituciones, una clara coincidencia que pusiera a salvo el sistema representativo republicano federal y su estabilidad, defendiendo los derechos humanos, bregando por la conciliación de los argentinos, condenando de antemano cualquier golpe o acto subversivo que serían considerados delitos contra la Patria, debiendo ser sancionados sus autores, reformulando el rol de las Fuerzas Armadas dentro de ese contexto. En el campo económico - social se trabajaría en favor del crecimiento y la justicia social.
En julio de 1982, el Ejecutivo nacional levantaba la suspensión del accionar de los partidos políticos. El 12 de julio de 1983 se convocaba al pueblo argentino a elecciones generales de magistraturas nacionales, provinciales y municipales. La nominación de diputados nacionales, de electores de presidente y vicepresidente, de electores de senadores de la Capital Federal, de concejales y consejeros vecinales también de la Capital Federal, se haría por el sistema de representación proporcional en la variante D´Hont. El número de diputados a elegir sería de 1 cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500 habitantes, agregándose por cada distrito tres diputados más, cada uno de esos distritos elegirían, en total, por lo menos 5 diputados, cualquiera fuera el número de sus habitantes. Tampoco podía ser inferior el número de diputados que cada distrito poseía el 23 de marzo de 1976. Además, el entonces territorio nacional de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, elegiría 2 diputados nacionales y 4 electores de presidente y vicepresidente. Las autoridades provinciales convocarían en cada una de las provincias las respectivas elecciones de las magistraturas locales. El 10 de diciembre de 1983 asumirían las autoridades electas.
Hasta el 30 de octubre de 1983 se asistió a una confrontación propagandística de ribetes sensacionales, en la que lidiaba una remozada U.C.R., bajo el liderazgo de un Raúl Alfonsín realmente carismático, en apariencia al menos coherente, y con mejor imagen reciente en cuanto a la defensa de las instituciones democráticas. En cambio, el justicialismo llevaba sobre sus espaldas el fuerte déficit de la aventura montonera, que de alguna manera, injustamente, por lo menos en el caso de Italo Luder, lo salpicaba. Como lo afectaban también las desacertadas elecciones de Héctor Cámpora y de María Estela Martínez de Perón para desempeñar la primera magistratura. Las administraciones de ambos no ayudaban para nada. Tampoco el recuerdo del " rodrigazo " y del inicio de la represión durante las dos últimas gestiones justicialistas y del nefasto paso por el poder del lopezrreguismo promotor de la Triple A. Las divisiones internas, que llevaron a una tardía decisión en materia de fórmula presidencial puso su cuota negativa. Finalmente, la gota que quizás rebasó el vaso, fue la payasesca y contraproducente ocurrencia, especialmente para la suerte electoral del partido justicialista, del dirigente gremial Herminio Iglesias en el acto de cierre de campaña, frente al Obelisco, de prender fuego a un ataúd con los colores rojo y blanco del radicalismo y que tenía la leyenda " Alfonsín Q.E.P.D.". El candidato del justicialismo, sin embargo, Italo Argentino Luder, era un hombre de límpida trayectoria, de gran lucidez, aplomo y firmeza, político de raza, casado con lo mejor de la cultura argentina.
Los comicios del 30 de octubre de 1983 fueron de los más cristalinos de nuestra historia, lo que honra no solamente a las fuerzas políticas actuantes, sino también a las autoridades militares que los regentearon. Por su vibrante desarrollo y la definición que apareció en ese momento de gran significación para el futuro de la República Argentina, son comparables a las elecciones del 24 de febrero de 1946 que dieran el triunfo a la fórmula Juan Domingo Perón - Hortensio Quijano. Prevalido del apoyo de la clase media, de gruesos sectores de mujeres y jóvenes, incluso de la izquierda, aun de la más radicalizada, y de buena parte de las clases altas, la U.C.R. de Alfonsín lograría un claro triunfo por 7.725.171 sufragios, el 51,74 % de los emitidos, contra 5.994.406, el 40,15 %, del justicialismo. El resto de todas las diez fórmulas presidenciales juntas, no llegaron a obtener el 10 % de esos votos. Fue una expresión electoral claramente polarizada.
El 10 de diciembre de ese año, asumía el binomio Raúl Alfonsín - Víctor Martínez, iniciándose una nueva etapa en la vida política argentina. La historia, que es la experiencia de los pueblos, nos enseña que no se puede prentender que en corto tiempo surja una clase dirigente capaz de encaminar la República a altos destinos. La democracia tiene sus tiempos, pero al fin, es el mejor método para el logro de esos objetivos.
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De Porfiria " Pochi " Duarte, encargada de la limpieza y de la pulcritud del Café Tortoni, emblemático café de Avenida de Mayo 825, Buenos Aires, ubicado a metros de la histórica Plaza de Mayo y de la Casa Rosada:
Nací en la provincia de Misiones, en una zona casi selvática. Siempre me encantó poder vivir en Buenos Aires, donde pude trabajar y estudiar. Aquí estoy muy bien porque en el Tortoni siempre hay algo bueno para poder contar.
He conocido y estado cerca de grandes personalidades, músicos, poetas, cantantes de tango y artistas famosos de cine y teatro. Los turistas siempre vuelven al Tortoni y preguntan quién está o quién va a venir en los próximos días.
Me defino como una peronista " de la primera hora ". No habrá en el mundo una mujer como Evita, ella era única, una gran mujer, una persona muy valiosa porque siempre se interesó por los pobres y los necesitados.
En mis últimos años quisiera poder ayudar a los que menos tienen, a los que carecen de una oportunidad. La idea es lograr la forma de conectar y relacionar a los ricos con aquellos que no tienen nada.
Nota:
Para conocer más sobre el Café Tortoni, clickear, por favor aquí.
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Del Dr. Ricardo Alfonsín, abogado, político, hijo del Dr. Raúl Alfonsín, importante figura de la Unión Cívica Radical:
El 17 de Octubre de 1945 es una fecha que le pertenece a todos los argentinos, en especial a todos los trabajadores.
Los radicales la sentimos como propia, ya que es una fecha vinculada a la justicia social.
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Del Dr. Aníbal Florencio Randazzo, contador público y político:
El 17 de Octubre de 1945 significó un antes y un después, debido a la participación de los sectores más postergados en la vida política de la Argentina.
Hoy, más que nunca, está presente el concepto de lealtad, con un país con más oportunidades para todos.
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Del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina:
El 17 de Octubre de 1945 los compañeros que liberaron a Perón dieron una lección de lucha y unidad.
Juan Domingo Perón nos dejó la doctrina justicialista, a nosotros nos queda la oportunidad de seguir por el camino que él y Evita nos marcaron para llegar a la meta, realizar el país que soñaron, con un pueblo feliz e íntegro, donde la Justicia Social no sea una utopía.
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De la Asociación Obrera Minera Argentina:
El 17 de Octubre de 1945 es el Día de la Lealtad porque significa la lealtad de todo un pueblo participando de una misma causa, todos hermanados en un objetivo común: la libertad de Perón. El pueblo marchó seguro de su fuerza, confiado en su destino; el pueblo dejó su lección de vida, nosotros debemos seguirla.
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Textos cortesía de Carlos Vitola Palermo de Rosario, Santa Fe, República Argentina.
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